El costo de negociar mal: 29.000 integrantes de grupos armados tras cuatro años de Paz Total

Un balance negativo tras cuatro años de Paz Total

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó, el 6 de agosto de 2026, un balance de los cuatro años de la política de "Paz Total" del gobierno Petro. Su conclusión central: los costos superaron a las ganancias. El análisis, firmado por Gerson Arias, Paula Tobo C. y Javier Flórez, sostiene que el fracaso no se explica solo por errores políticos o de seguridad, sino por fallas de diseño institucional y jurídico desde el inicio.

La FIP evalúa tres objetivos que se propuso la Paz Total y concluye que ninguno se cumplió: las violencias asociadas a los grupos armados no se desescalaron, las transformaciones territoriales no saldaron la deuda histórica del Estado con esos territorios, y el tránsito a la vida civil de integrantes de grupos ilegales fue prácticamente imposible por la falta de caminos jurídicos claros.

Los grupos armados crecieron 90% en cuatro años

Según cifras de la Fuerza Pública citadas por la FIP, los grupos armados ilegales —sumando personas en armas y redes de apoyo— pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026: un crecimiento del 90%.

El aumento no fue parejo entre estructuras:

• Clan del Golfo / Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): 10.268 integrantes, el mayor de todos (+152%).
• ELN: 7.123 integrantes (+22%).
• Estado Mayor Central (EMC), disidencias de alias "Iván Mordisco": 4.480 integrantes (+109%).
• Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB): 2.359 integrantes (+108%).

Más disputas, no menos

Las disputas activas entre actores armados ilegales se duplicaron: de 7 en 2022 a 14 en 2026. En 2025 se registraron 116 enfrentamientos entre grupos armados, la cifra anual más alta desde 2016.

Hubo desescalamientos puntuales que la FIP reconoce, con matices importantes:

• La baja de homicidios en Putumayo y Nariño coincidió con un aumento de la gobernanza criminal de los grupos en esos territorios.
• La reducción de homicidios en el Valle de Aburrá responde a una tendencia que viene de años atrás, no a las mesas de negociación.
• La tregua entre Shottas y Espartanos en Buenaventura caducó en febrero de 2025.

"La percepción del gobierno saliente sobre la Paz Total ignora que la gobernanza criminal de los grupos ha aumentado, junto con los indicadores de desplazamiento, secuestro, confinamiento y reclutamiento", señala el análisis.

Transformación territorial: compromisos sin desmonte de las economías ilegales

Las ocho mesas de negociación acordaron 55 compromisos de transformación territorial —31 con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF)—, pero a junio de 2026 solo se habían entregado 23 proyectos, según la Oficina del Comisionado de Paz. La FIP advierte que buena parte de esas transformaciones ocurrieron bajo coerción armada de los propios grupos, no como resultado de una presencia estatal renovada.

El tránsito a la legalidad casi no ocurrió

De todos los procesos abiertos, solo la CNEB avanzó en un tránsito efectivo: 99 personas ubicadas en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, Putumayo. Se crearon 7 ZUT en los meses finales del gobierno, lo que la FIP describe como una aceleración impropia, sin el marco jurídico que debía sostenerla.

"Los acuerdos cumplían una función mucho más apegada a demostrarle a la opinión pública que las partes son capaces de mantener un diálogo que a avanzar decididamente hacia el tránsito a la legalidad."

El respaldo ciudadano se redujo a la mitad

El apoyo a insistir en los diálogos cayó de 76% en agosto de 2022 a 50% en febrero de 2025: 26 puntos porcentuales menos en dos años y medio.

Por qué falló: fallas de diseño, no solo de ejecución

Entre los desaciertos que identifica la FIP están aceptar la "auto-caracterización" de los grupos armados —pasando por alto la información de inteligencia y judicial disponible—, la ausencia de una ley de sometimiento que diera marco jurídico a las negociaciones, la falta de líneas rojas frente a la expansión territorial y el reclutamiento de menores, y una institucionalidad fragmentada entre la Oficina del Comisionado de Paz, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa.

El presidente Gustavo Petro reconoció el balance el 20 de julio de 2025: "Obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total".

Lo que recomienda la FIP para el próximo gobierno

El informe cierra con 16 recomendaciones, entre ellas: no ofrecer ceses al fuego sin condiciones verificables, tratar la dimensión jurídica como algo central y no secundario, medir con cuidado los riesgos de los acuerdos parciales, trazar líneas rojas claras desde el inicio, y entender la vía negociada y la estrategia de seguridad como una sola política, no como caminos alternativos.