Colombia cierra las tres mesas de diálogo de la Paz Total y revoca la suspensión del glifosato

Qué pasó

A finales de agosto de 2026, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio por terminadas las tres mesas de diálogo que seguían abiertas de la política de Paz Total del gobierno anterior, y revocó la suspensión de la aspersión aérea con glifosato que llevaba once años vigente.

Las dos decisiones, tomadas con diez días de diferencia, marcan el giro hacia la respuesta militarizada de mano dura que el presidente prometió en campaña.

Las tres mesas que se cerraron

El cierre se formalizó mediante nueve resoluciones —tres por cada espacio de diálogo—, anunciadas públicamente el 31 de agosto desde Barranquilla. Los procesos terminados fueron:

• Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), las disidencias de alias «Calarcá».
• Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que incluye a los Comandos de la Frontera.
• Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La Resolución 342 de 2026 sostiene que el Gobierno constató un «incumplimiento de los acuerdos pactados» y que resultaba «imposible evidenciar la voluntad real de paz» de las estructuras armadas. En el caso del EMBF, el documento menciona incumplimientos ocurridos durante el quinto ciclo de conversaciones.

Junto con el cierre, el Gobierno revocó el reconocimiento de los negociadores y voceros acreditados en esas mesas, entre ellos la jefa negociadora Gloria Quiceno Acevedo. Armando Novoa, jefe negociador de la mesa de la Frontera, ya había renunciado de forma irrevocable el 6 de agosto.

«He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo», declaró el presidente al anunciar la medida.

El glifosato: se levanta la prohibición, pero no vuelve todavía

El 18 de agosto de 2026, el Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la Resolución 0006, que derogó la Resolución 6 de 2015, la norma que había suspendido la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en todo el país.

Esto no significa que las fumigaciones se reanuden de forma automática. Antes de reactivar el programa, el Gobierno debe cumplir cuatro condiciones:

1. Contar con un Plan de Manejo Ambiental vigente, expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
2. Cumplir la Sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional, que exige una regulación del riesgo elaborada de forma independiente y mecanismos de evaluación permanente.
3. Cumplir la Sentencia T-413 de 2021 y el Auto 387 de 2019, que fijan criterios adicionales de implementación y de actualización de la información institucional.
4. Adelantar consulta previa con las comunidades indígenas y étnicas de las zonas donde se proyecte operar, conforme al Convenio 169 de la OIT.

En otras palabras: la puerta quedó abierta, pero el trámite ambiental y judicial que falta no es corto.

El contexto que ayuda a leer la decisión

Las cifras disponibles sobre los cuatro años de Paz Total explican por qué la política llegó desgastada al cambio de gobierno:

• Los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un aumento del 90%, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con cifras de la Fuerza Pública.
• Su presencia territorial creció de 195 municipios en 2019 a 518 en 2025, según la Contraloría General de la República.
• Los cultivos de coca alcanzaron 261.000 hectáreas en 2024, la cifra más alta registrada, aunque con un crecimiento desacelerado de 3,5%, según UNODC-SIMCI.

La advertencia sobre la estrategia de golpear a los jefes

El mismo análisis de InSight Crime que reporta el fin de la Paz Total describe una segunda tendencia regional: la «estrategia contra los capos», es decir, concentrar el esfuerzo en capturar o abatir a los máximos responsables de las estructuras criminales. En los días previos hubo tres operaciones de ese tipo en la región: la captura de «Jhonsson Pulpo» en La Paz, Bolivia, el 1 de septiembre; la muerte de «R5» en Michoacán, México, el 30 de agosto; y la captura en Armenia, Colombia, de «Colombia», presunto líder de los Tiguerones ecuatorianos, el 26 de agosto.

Según InSight Crime, esta estrategia «frecuentemente desencadena disputas por la sucesión y nuevas olas de violencia» en lugar de provocar el colapso de los grupos criminales.

Es una observación relevante para cualquier lectura de lo que viene: el cierre de una vía —la negociada— no produce por sí solo resultados en la otra.

Por qué nos importa

Los cambios de política de seguridad nacional se sienten primero en los territorios. En Arauca y Casanare, donde la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC ha generado alertas repetidas de la Defensoría del Pueblo por desplazamiento, confinamiento y reclutamiento, el fin de los diálogos y un eventual retorno de la aspersión aérea son decisiones que se traducen en riesgos concretos para la población civil.

Seguir estas decisiones con datos verificables, y no con consignas, es parte del trabajo de construir convivencia.

Esta publicación es un resumen informativo elaborado por CONVICIUDAD a partir del análisis de InSight Crime, complementado con el reporte de medios colombianos sobre las resoluciones y con cifras de la FIP, la Contraloría General y UNODC-SIMCI. Cada cifra aparece con su fuente y su fecha.