Reclutamiento de menores: al menos 1.500 casos en Colombia desde 2021, 44 de ellos en Arauca

El 24 de agosto de 2026, Human Rights Watch publicó un informe de 124 páginas sobre el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia. Se titula "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá" y se basa en 184 entrevistas con funcionarios, personal humanitario, líderes indígenas y comunitarios, además de reuniones con víctimas y con menores en riesgo.

Recogemos aquí lo que dice el informe, y al final señalamos qué de eso interpreta CONVICIUDAD para Arauca y Casanare. Las dos cosas van separadas a propósito.

Lo que documenta el informe

A partir de un análisis propio de los datos de la Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch calcula que al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados desde 2021. Es un piso, no un techo: son los casos que llegaron a un registro oficial.

Cuatro rasgos del universo de casos documentados:

• Concentración territorial. Más de la mitad se registró en el Cauca: alrededor de 850 casos entre 2021 y 2025, con una curva que sube de 9 casos en 2021 a 278 en 2023 y 376 en 2024.
• Edad temprana. Más del 30 % de los casos reportados involucraba a menores de entre 10 y 14 años.
• Sobrerrepresentación indígena. Los niños y niñas indígenas son casi la mitad de los casos documentados, aunque los pueblos indígenas son el 4 % de la población del país.
• Más niñas cada año. Las niñas fueron cerca del 40 % del total de casos documentados y alrededor del 43 % en 2025. El informe advierte que están particularmente expuestas a violencia sexual.

El reclutamiento como negocio

El informe describe una cadena con pagos de por medio: miembros del Estado Mayor Central (EMC) pagan a "reclutadores civiles" hasta 1.000 dólares por cada menor, y el monto varía según el género, la estatura y las características físicas del niño o la niña.

No es solo el EMC. El informe atribuye casos, en 2025, al EMC, al ELN, al Clan del Golfo (EGC), al EMBF y a estructuras como la Segunda Marquetalia y los Comandos de la Frontera.

Las redes sociales como puerta de entrada

Los investigadores revisaron más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok. Encontraron tres usos:

1. Glorificar la vida en filas — uniformes, armas, dinero, camaradería.
2. Publicar ofertas de trabajo que, en la práctica, son artimañas de reclutamiento.
3. Contactar directamente a niños y niñas por foros de chat públicos y mensajería privada.

"Los grupos armados en Colombia están reclutando a niños, niñas y adolescentes con impunidad, los sistemas de protección están fallando y las plataformas de redes sociales se han convertido en terreno fértil para el reclutamiento. Cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado."
— Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch

El informe también identifica las condiciones de entrada: pobreza, exclusión social, violencia doméstica y barreras de acceso a la educación. Sobre ese terreno, los grupos ofrecen poder, dinero y prestigio.

La justicia casi no llega

El dato más duro del informe no es sobre los grupos armados sino sobre el Estado: en la última década, cerca del 1 % de las denuncias por reclutamiento dio lugar a una investigación penal, y solo el 0,2 % terminó en condena.

Dicho de otro modo: de cada mil denuncias, dos llegan a una sentencia.

Quién está sosteniendo la protección

Ante la ausencia de mecanismos estatales eficaces, el informe documenta que organizaciones comunitarias —entre ellas las guardias indígenas— asumieron un papel central en la protección, el acompañamiento e incluso el rescate de menores en poder de grupos armados. Son voluntarios y desarmados, y en al menos un caso los rescatistas fueron atacados a tiros.

Qué muestran los datos de Arauca

El informe incluye una tabla de casos por departamento y año. Para Arauca registra 44 casos entre 2021 y 2025: 1 en 2021, 15 en 2022, 6 en 2023, 12 en 2024 y 10 en 2025. Para Casanare, la tabla registra un solo caso, en 2021.

Un adolescente de 16 años de Arauca entrevistado por Human Rights Watch contó que algunos de sus compañeros de clase formaban parte de un grupo armado. El informe también señala que hay estructuras que operan principalmente en los departamentos de la frontera con Venezuela, entre ellos Arauca y Norte de Santander.

Esto se suma a lo que ya había advertido la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 014 de 2025, del 20 de octubre, para los siete municipios de Arauca —Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte— más Cubará (Boyacá). Esa alerta dice que "el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes (NNA) se presenta en la zona rural y suburbana de los municipios, particularmente en la ciudad de Arauca", y documenta la presencia del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, de los frentes 10º, 28 y 45 de las disidencias de las FARC, del Frente Acacio Medina y de estructuras del EGC provenientes de Casanare.

Nuestra lectura

Lo que sigue es interpretación de CONVICIUDAD, no del informe.

Una cifra baja no es, por sí sola, una buena noticia. Un caso registrado en Casanare en cinco años, y cifras de un dígito en varios años de Arauca, conviven con una alerta temprana que describe el reclutamiento como un hecho corriente en zonas rurales y suburbanas. La distancia entre lo que ocurre y lo que se registra es, en buena medida, la distancia que una familia tiene que recorrer para denunciar y la confianza que tenga en que denunciar sirve de algo. Ese 0,2 % de condenas es, además, un argumento fuerte para no denunciar.

El punto de contacto cambió de lugar. Durante años la prevención se pensó en términos de territorio: qué veredas, qué corredores, qué escuelas. El hallazgo sobre Facebook y TikTok agrega una capa que no se cubre con presencia física. Un reclutador que llega por mensajería privada no necesita entrar al municipio. Eso obliga a que la prevención hable también con quienes acompañan a los menores en línea: docentes, familias, líderes juveniles.

La franja de 10 a 14 años es donde se decide. Más de un tercio de los casos está ahí. Es una edad en la que la oferta institucional suele ser más débil que en la primera infancia y menos urgente, a ojos de quien programa, que en la adolescencia tardía. Una estrategia municipal que empiece a los 15 llega tarde para un tercio de los casos.

Lo que sostiene la protección hoy es comunitario. Guardias indígenas, docentes, juntas de acción comunal, líderes. Cuesta poco reconocerlo y cuesta mucho reemplazarlo. Fortalecer esas capacidades —con recursos, con articulación y con protección para quienes las ejercen— es una decisión de política pública, no un gesto simbólico.

Qué recomienda Human Rights Watch

Al Estado colombiano:

• Adoptar una política integral de seguridad y justicia frente al reclutamiento.
• Garantizar recursos y personal suficientes en las instituciones encargadas de prevenir y responder, especialmente en el nivel municipal.
• Apoyar y trabajar con organizaciones indígenas y líderes comunitarios.
• Ofrecer a los menores en riesgo oportunidades de estudio y proyecto de vida: "para detener el reclutamiento se necesitará bastante más que soldados en terreno".

A las plataformas digitales:

• Aplicar debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, evaluar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre los riesgos que sus sistemas generan frente al reclutamiento y uso de menores por parte de grupos armados.

CONVICIUDAD acompaña la formulación y el seguimiento de políticas de seguridad ciudadana y convivencia en Arauca y Casanare, en articulación con las autoridades locales. Este sitio no es un canal de emergencias ni de denuncia: si conoce un caso de riesgo o de reclutamiento de un menor, la ruta es la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF (línea 141), la Personería municipal o la Defensoría del Pueblo.

Sobre la fotografía

La imagen que acompaña esta publicación es de Ben Wicks y está tomada de Unsplash, un banco de fotografías de uso libre.

Es una imagen ilustrativa: no fue tomada en Colombia, no muestra rostros y las personas que aparecen en ella no tienen ninguna relación con los hechos descritos en este texto. La elegimos así a propósito. En una publicación sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ninguna imagen debería permitir identificar a un menor ni sugerir que alguien en particular es víctima.