Colombia cambia de rumbo: el giro de la política exterior y su efecto en la seguridad regional

De qué se trata

El 3 de septiembre de 2026, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) publicó un análisis de Christy Crouse y Sofía Forero Alba sobre el cambio de gobierno en Colombia y sus efectos en la política exterior del país y en los equilibrios políticos de América Latina.

No es un texto sobre seguridad ciudadana. Pero describe decisiones —cooperación militar, alineamientos regionales, prioridades de gasto y de agenda— que terminan aterrizando en los territorios donde la seguridad se vive todos los días. Por eso lo reseñamos.

Qué cambia, según el análisis

Dejusticia describe el paso de un proyecto de gobierno a otro con prioridades distintas:

• El gobierno anterior articuló su agenda alrededor de la reducción de desigualdades, la ampliación de derechos, la implementación de la Paz Total y la transición energética.
• El nuevo gobierno prioriza seguridad, crecimiento económico, inversión privada y competitividad, con mayor énfasis en la recuperación militar del control territorial y el combate al crimen organizado.

En política exterior, el contraste es igual de marcado. Colombia había buscado proyectarse como voz del Sur Global, con un papel activo en el debate climático y amazónico y posiciones críticas frente a Israel. El nuevo rumbo apunta en dirección contraria.

Los hechos que ya ocurrieron

Estos no son escenarios: son decisiones tomadas.

• 12 de agosto de 2026. Colombia se convirtió en el país número 19 de la Coalición de las Américas Contra los Carteles, conocida como Escudo de las Américas. El ingreso se formalizó en Ciudad de Panamá y el gobierno la adoptó como la estrategia nacional frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Medellín será su sede en Colombia.
• Operaciones militares conjuntas. El gobierno autorizó operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio colombiano. La decisión abrió un debate jurídico —hay acciones judiciales en curso— sobre si requiere paso por el Congreso.
• Cancillería. Omar Bula Escobar, con más de veinte años de trayectoria diplomática en Naciones Unidas, asumió como canciller.
• Israel. El gobierno anunció el traslado de la Embajada de Colombia a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Dejusticia señala que esta última decisión se aparta de la tradición colombiana de apego al derecho internacional, que ha sostenido gobiernos de distinto signo.

Un mapa regional que ya se había movido

El análisis ubica el cambio colombiano dentro de un desplazamiento continental hacia la derecha: Argentina, Ecuador, Chile y Perú llegaron antes a esa misma orilla, por caminos electorales propios.

Las autoras identifican tres factores compartidos detrás del giro:

1. Inseguridad percibida y real.
2. Desigualdades que no cedieron.
3. Desencanto ciudadano frente a gobiernos vistos como incapaces de resolver ninguna de las dos.

La seguridad y la estabilidad económica desplazaron a otros temas en la conversación pública de la región.

Ese diagnóstico coincide con lo que muestran otros análisis regionales que ya hemos reseñado: el discurso de mano dura no se expande por contagio ideológico, sino porque responde a una demanda ciudadana concreta que otros enfoques no atendieron a tiempo.

El argumento central: las instituciones

Aquí está el punto que Dejusticia quiere dejar planteado, y que conviene leer con cuidado porque no depende de qué gobierno esté en la Casa de Nariño.

Para las autoras, el debate útil no es si el giro es bueno o malo, sino si las instituciones aguantan el giro: reglas electorales que se respetan, separación de poderes que funciona, libertades fundamentales que no se negocian. Un cambio de rumbo tramitado dentro del Estado de derecho es una alternancia; el mismo cambio sin esos contrapesos es otra cosa.

El ejemplo que usan es Brasil: pese a la polarización, a los cuestionamientos al sistema electoral y a los intentos de desconocer los resultados de 2022, el Tribunal Superior Electoral y el Supremo Tribunal Federal permitieron que la transición ocurriera dentro del orden constitucional.

Por qué esto importa en Arauca y Casanare

Las decisiones de política exterior no se quedan en Bogotá. En la frontera se sienten primero.

La Defensoría del Pueblo emitió en octubre de 2025 una alerta temprana por siete municipios de Arauca —Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte— más Cubará (Boyacá), por las disputas entre el ELN y disidencias de las FARC. La alerta registró 178 homicidios en 2024 asociados al conflicto armado y una tasa de 57,2 por cada 100.000 habitantes, la más alta del país, con riesgo específico para niñas, niños y adolescentes, mujeres, líderes sociales, comunidades indígenas y migrantes venezolanos.

Sobre ese territorio caen ahora tres cosas al tiempo:

• Una estrategia nacional antinarcóticos definida en clave de coalición internacional.
• Un componente militar con participación extranjera cuyo alcance todavía se está discutiendo jurídicamente.
• Una frontera cuya dinámica depende de la relación con Venezuela, que el nuevo alineamiento modifica.

La pregunta que le corresponde a un territorio como el nuestro no es de geopolítica. Es más concreta: qué queda para la prevención. Un enfoque centrado en la recuperación militar del control territorial puede reducir la presencia armada sin que mejore la convivencia, si no viene acompañado de oferta institucional sostenida, protección efectiva de liderazgos sociales y participación de las comunidades en el diseño de lo que se hace en su municipio.

Esa parte no la decide Washington. La decide la articulación entre alcaldías, gobernaciones, autoridades de policía y organizaciones locales.

Qué conviene vigilar en los próximos meses

• El desarrollo jurídico de la autorización de operaciones conjuntas: si pasa o no por el Congreso, y con qué condiciones y límites territoriales.
• La reasignación de recursos: cuánto del presupuesto de seguridad se destina a control armado y cuánto a prevención, justicia local y atención a víctimas.
• La situación de los liderazgos sociales en zonas de frontera, indicador temprano de deterioro que suele anticipar los picos de violencia.
• La continuidad de los espacios de coordinación local: consejos de seguridad, comités territoriales y mesas de convivencia funcionan por debajo del ciclo político, y son los que sostienen la respuesta cuando cambia todo lo demás.

Nota sobre esta reseña. El análisis original es de Dejusticia, una organización de la sociedad civil con posiciones propias en el debate público colombiano. Aquí resumimos sus argumentos y sus datos verificables, y los complementamos con fuentes abiertas. Hemos dejado por fuera las valoraciones personales que el texto original hace sobre funcionarios, porque no son verificables y no aportan al debate de política pública. Las lecturas sobre Arauca y Casanare son de CONVICIUDAD, no de Dejusticia.

CONVICIUDAD no forma parte del Estado ni es un canal de emergencias. Diseñamos, coordinamos y acompañamos políticas de seguridad ciudadana, prevención del delito y convivencia en articulación con las autoridades locales.