Complejos macrocriminales: la crítica de Indepaz a las cifras sobre grupos armados

Que las cifras midan lo que importa

El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, publicó un extenso ensayo —la quinta parte de una serie sobre la implementación del Acuerdo de Paz— en el que discute una idea instalada en el debate público: la de que los grupos armados ilegales se han fortalecido en la última década. Su respuesta no es negar la violencia, sino discutir cómo se mide.

La crítica a las cifras y a los mapas

El punto de partida es metodológico. Las estimaciones que hablan de más de 27.000 integrantes de grupos armados suman, en una misma bolsa, combatientes en armas y personas incluidas en las llamadas "redes de apoyo", una categoría que nadie define con precisión. El autor pregunta cómo se contabiliza a sicarios ocasionales, testaferros, colaboradores remunerados o infiltrados en entidades públicas y empresas privadas, y señala que ni los informes de CORE ni los de la Fundación Ideas para la Paz publican un anexo metodológico que permita conocer líneas de base, factores de ponderación o márgenes de error.

La objeción se extiende a la cartografía. Muchos mapas pintan de rojo un municipio entero porque allí se registró un evento violento durante el año, sin distinguir si se trató de un grafiti, un artefacto explosivo aislado o un control territorial permanente. González Posso reconoce que esa falencia aparece también en mapas publicados por el propio Indepaz.

Una categoría distinta: el complejo macrocriminal

Más allá de la discusión sobre datos, el ensayo propone un cambio de lente. Los grupos armados no serían el objeto de análisis, sino un componente de estructuras más amplias: complejos macrocriminales y regímenes regionales de poder violento, donde confluyen bandas locales, empresarios, contratistas, acaparadores de tierras, funcionarios corruptos, agentes de la Fuerza Pública y operadores de lavado de activos. En esa lectura, el poder de una organización no depende solo de sus fusiles, sino de la captura institucional, el control de mercados y la apropiación de rentas del narcotráfico, la minería y el despojo de tierras.

De ahí surge la distinción central del texto: capacidad táctica de daño frente a capacidad estratégica de poder. Un grupo puede sumar reclutas, incorporar drones y ejecutar atentados de alto impacto mientras pierde aliados, cohesión y proyecto político. Aumentar la primera no implica recuperar la segunda.

Cómo se aplica a cada actor

En los grupos post-FARC, el autor describe una constelación de bloques y frentes sin mando nacional, con finanzas autónomas, alianzas inestables y guerras internas. La ruptura del EMC en 2024, que dio origen al EMBF de Calarcá, es leída como el fracaso del intento de reconstruir una organización sucesora de las FARC-EP.

Sobre el Clan del Golfo, el ensayo retoma el informe de Indepaz "Las AGC: un orco con pies de barro" (2026). Entre 2022 y 2026 el grupo habría crecido cerca de 6 % en municipios con actividad registrada y 15 % en efectivos armados, pero la transformación relevante sería otra: el paso de una estructura heredera del paramilitarismo a una red mafiosa multicrimen cuya racionalidad es económica y no contrainsurgente. De allí la conclusión de política pública: perseguir "objetivos de alto valor" deja intacta la trama empresarial, financiera e institucional que sostiene al complejo.

Del ELN se afirma que conserva cohesión y una identidad ideológica densa, pero desplazó su centro de gravedad hacia la frontera con Venezuela y hacia el control de corredores y economías ilegales, sin proyecto de disputa nacional del poder. La Segunda Marquetalia aparece como un proyecto fracasado, del que se desprendió la CNEB, que avanzó en acuerdos parciales con el gobierno saliente.

Qué queda para el lector

El texto es una columna de opinión de un autor con trayectoria en negociaciones de paz, no un informe estadístico, y discute directamente el trabajo de centros de análisis que sostienen la tesis contraria: que la expansión territorial y el crecimiento de efectivos sí indican fortalecimiento. Esa discusión sigue abierta y conviene leer ambas orillas.

Su aporte más útil es la pregunta que deja sobre la mesa: si el poder de estas organizaciones se reproduce en alianzas con actores legales, una política de seguridad evaluada por capturas, bajas y municipios "recuperados" mide precisamente lo que menos explica el fenómeno.